La Diputación Foral de Álava recalca que el procedimiento para la instalación de energías renovables está perfectamente definido y bajo el control de las administraciones públicas

La  Diputación  Foral  de  Álava  ha  recalcado  que  “el procedimientopara  el  desarrollo  de  instalaciones  de  energías  renovables  en  el  Territorio está perfectamente  definido  y  bajo  el  control  de las  administraciones  públicas”. Lo ha hecho hasta en dos ocasiones durante el pleno de control de las Juntas Generales de Álava, en el que la diputada foral de Equilibrio  Territorial,  Irma  Basterra,  y  el  diputado foral de  Agricultura,Eduardo  Aguinaco, han explicado el proceso que cumplen los proyectos que pretenden instalarse en Álava.“La realidad es que múltiples iniciativas están tratando de buscar emplazamientos para acometer sus  proyectos  de  generación  intensiva  de  energía  solar. Nuestro  Territorio  Histórico no  es  ajeno  y concierne a  áreas  cercanas  a las  subestaciones  eléctricas  donde tienen asignados  sus  derechos  de conexión  y  volcado  de  energía,  con  el  fin  de  reducir  los  costes. Pero  esto  no  significa  que  dichas iniciativas puedan desarrollarse en cualquier sitio. Estamos hablando de que estas iniciativas exigen un orden reglamentario”, han subrayado tanto Basterra como Aguinaco.

Según han detallado, “la  primera  condición  es  que  la  empresa  que  desee  producir  energía renovable debe disponer de una concesión de acceso a la red eléctrica. Ese derecho debe sustanciarse en un  determinado  plazo  temporal  y  debe  estar  acompañado  de  los  correspondientes  proyectos  que  la administración industrial debe validar”. Pero esto no es suficiente. De la misma forma, debe cumplir con la normativa urbanística que el Plan General de cada municipio establezca y, además, deberán cumplir las condiciones ambientales y agroganaderas. “Por tanto, el promotor deberá solicitar al Ayuntamiento las modificaciones urbanísticas que el Plan General establezca y, normalmente en estos casos, los emplazamientos elegidos lo son en suelos no  urbanizables,  lo  que  exigirá  una  tramitación  urbanística  que  autorice  finalmente  su  implantación”, han apuntado los responsables forales.

Precisamente este único trámite obligará a informar, de manera favorable o desfavorable, a una serie  de  administraciones  públicas  interesadas  por  razón  de  las  materias  que  gestionan,-Agricultura, Carreteras,  Patrimonio  Cultural,  Medio  Ambiente,  Agua,  navegación  aérea,  etc-,  y  deberá  ser  la Comisión  de  Ordenación  del Territorio  del  País  Vasco  quien  otorgue  informe  favorable  a  las modificaciones planteadas.

Pero no queda ahí, “el promotor de un proyecto de una planta solar fotovoltaica debe presentar ante  el  órgano  sustantivo  una  solicitud  de  Autorización  Administrativa  Previa,  una  Declaración  de utilidad pública y una Declaración de Impacto Ambiental”. Y según la Ley de Evaluación Ambiental, las instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, destinada a su venta a la  red,  y  no  instaladas  sobre  cubiertas  o  tejados  de  edificios  o  en  suelos  urbanos,  estarán  sujetas  a Evaluación  Ambiental  ordinaria  si  su  superficie  ocupada  en  superior  a  100  ha,  y  estarán  sometidas  a Evaluación Ambiental Simplificada, para el caso de una ocupación de suelo entre 10 y 100 ha.“Dicho de otra manera, ni es suficiente con alcanzar un acuerdo con el titular -sea público o privado-de un suelo, ni se puede ubicar en cualquier tipo de suelo para que el proyecto se pueda convertir en realidad. Por tanto, y a fecha de hoy, existe suficiente ordenación para garantizar la adecuada implantación de estas instalaciones”, añaden los responsables forales. “Estamos viviendo la primera parte de este proceso; diferentes empresas y sociedades intentan disponer  de  suelo. Pero  con  este  paso sólo se inicia otro proceso  administrativo  en  el  que  la Administración decide, por lo tanto, está ordenado”, han comentado, sin olvidar que el futuro de Álava y  del  planeta  pasa,  ineludiblemente,  por  emplear  combustibles alternativos,  o por  electrificar  nuestra economía y nuestra sociedad.

“Conciliar” proyectos

Eduardo Aguinaco ha querido dejar claro que, pese a que el departamento de Agricultura velará por la protección de los suelos de alto valor agrológico, “Alava  necesita  las energías  renovables,  y  nuestra obligación como Institución y como sociedad, es hacerlas compatibles con las actividades agroganaderas y con el equilibrio territorial, la biodiversidad y el paisaje”. “Esta es la postura del departamento de Agricultura. El despliegue de las renovables es esencial para lograr los objetivos del Acuerdo de París y de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El reto como Álava y como país es aumentar significativamente la capacidad de renovables. Pero ello no puede ir en detrimento de la protección de la actividad agroganadera, la biodiversidad y el territorio. Y  entendemos  que  es  posible  conciliar  ambos  objetivos,  pues  disponemos  de  un  marco  jurídico suficiente y garantista bajo el control de las Administraciones Públicas”.

Irma  Basterra,  por  su  parte,  ha  sentenciado  que  prestará el asesoramiento  jurídico  y  técnico económico, así como asistencia letrada necesaria, a las entidades locales, que así lo soliciten, a la hora de afrontar la posibilidad de instalar plantas solares, al igual que lo hace el departamento de Equilibrio Territorial en otros muchos ámbitos. “Hasta el momento, ninguna Entidad local se ha dirigido a nuestro departamento en busca de asesoramiento al respecto, por lo que no somos conocedores de los proyectos concretos, que requieren suelo en nuestro territorio para poner en marcha huertos solares” ha apuntado la diputada. “Sabemos que hay entidades con capacidad para afrontar proyectos de esta envergadura y complejidad. Pero también que hay entidades que requieren y solicitarán asesoramiento. Esta diputación se pone, como siempre lo ha hecho, a su disposición. Y todo ello, conocedores de que ya existe un marco regulatorio suficiente para que puedan instalarse  en nuestro territorio aquellos proyectos que nuestras entidades locales decidan admitir y aprobar”.