EH Bildu denuncia la «situación de incertidumbre» de 12 personas con enfermedad mental en Aiaraldea
NOTA DE PRENSA
La procuradora de EH Bildu Araba Claudia Venceslao ha denunciado hoy “la situación de incertidumbre” a la que el Gobierno de PNV y PSE ha abocado a 12 personas con enfermedad mental. EH Bildu tuvo conocimiento en diciembre de que el Gobierno Foral había informado a la entidad ASASAM que a finales del 2022 eliminaría el convenio en vigor. Gracias a ese convenio, se atiende a 3 personas en una vivienda comunitaria y a 9 personas con un apoyo educativo a la vida independiente.
Ante la gravedad de este hecho, desde el grupo juntero realizaron algunas peguntas al Diputado Foral de Políticas Sociales. Posteriormente, el Departamento de Políticas Sociales informó a ASASAM de que la vivienda que actualmente atiende a 3 personas podía reconvertirse en un piso de apoyo a la vida independiente, pero no se aclaró ni las plazas de atención, ni el futuro de las 9 personas que en la actualidad reciben apoyo educativo. Según ha podido conocer el grupo juntero, la vivienda comunitaria ubicada en Laudio, sólo está atendiendo a una persona, quedando dos plazas libres: «No entendemos como con una lista de espera para la atención a este colectivo, la Diputación permite que haya plazas vacías», ha declarado Venceslao.
Gran vacío de plazas
Ante la confusión y la incertidumbre que provoca no saber el futuro de este Convenio, EH Bildu llevará al próximo pleno de control una iniciativa para interpelar al Diputado de Políticas Sociales con el fin de conocer los planes que desde la Institución Foral se tiene con este importante convenio que atiende a las personas que sufren enfermedad mental en Aiaraldea.
“En Araba existe un gran vacío de plazas residenciales para la atención de personas con enfermedad mental, es gravísimo que con esta carencia el Gobierno Foral juegue con el futuro de un convenio por el que se atiende a 12 personas. Es inasumible que el Gobierno del Señor Gonzalez vuelva a incumplir sus compromisos. ASASAM, las personas usuarias y sus familias se merecen respeto y seguridad sobre su futuro”, ha concluido Venceslao.