El Plan Foral de Obras y Servicios permitirá que se lleven a cabo inversiones en el territorio de Álava por valor de 55,7 millones de euros

La Diputación Foral de Álava y las entidades locales del Territorio Histórico de Álava llevarán a cabo una inversión de 55,7 millones de euros durante el próximo año. Así lo ha anunciado la diputada de Equilibrio Territorial, Irma Basterra, que ha dado a conocer los detalles del recientemente resuelto Plan Foral de Obras y Servicios, que contará con 37,5 millones de las arcas forales y servirá para desarrollar 115 infraestructuras y equipamientos en 103 ayuntamientos, cuadrillas y juntas administrativas.

“Hablamos de la mayor convocatoria de ayudas del Plan Foral de Obras y Servicios de carácter bienal, muestra del esfuerzo económico que la Diputación Foral de Álava ha decidido realizar para la cobertura de necesidades básicas y equipamientos en el área rural alavesa”, ha indicado la diputada que ha recordado que el citado plan es el instrumento a través del cual las entidades locales consiguen dotarse de servicios básicos como abastecimiento y saneamiento, alumbrados públicos, redes de energía eléctrica o pavimentación entre otros, es decir, las infraestructuras básicas. Su actuación, se complementa con la implantación de equipamientos que, una vez cubiertos los básicos, permiten a las personas que habitan en sus núcleos de población disfrutar de servicios equiparables a los núcleos urbanos.

Más de 72.000 alavesas y alaveses se beneficiarán de estas inversiones en las entidades locales. Esto supone una inversión de 55,7 millones de euros y, por tanto, 774 euros de inversión por persona durante los dos próximos años.

El mayor porcentaje de solicitudes de obras lo presentan las Cuadrillas de Añana, Ayala y Llanada.

Criterios de necesidad y déficit de infraestructuras

El decidido carácter territorial del programa de ayudas tiene su reflejo en la implementación de un modelo de distribución de fondos que se abstrae de primar variables tradicionalmente preferidas (tamaño poblacional, extensión territorial…), centrándose en una apuesta por el equilibrio territorial basado en ponderar criterios de necesidad, déficit de infraestructuras…, lo que, de hecho, refuerza el carácter redistributivo de este programa de ayudas.

De este modo, no debe resultar sorprendente que no exista correlación alguna entre el volumen de subvención concedida y el tamaño poblacional, o la naturaleza del ente local solicitante. Voluminosas subvenciones concedidas a entidades locales de reducido tamaño poblacional para la renovación y modernización de sus infraestructuras básicas corroboran lo antes afirmado.

Es reseñable subrayar la prioridad que se concede por parte de las entidades locales de reducida población a la renovación de infraestructuras básicas, a la modernización de las mismas y a su adaptación al cumplimiento de la normativa sectorial de todo nivel (desde el municipal y foral hasta la de carácter europeo).

Esta prioridad opta por una orientación hacia una modernización de las instalaciones básicas, más allá de las tradicionales de abastecimiento y saneamiento, extendiéndose a la dotación de alumbrados, electrificación, líneas de telefonía y telecomunicación, etc.

Por parte de los ayuntamientos se aprecia una inquietud por la inversión en equipamientos que les permitan la prestación de servicios altamente valorados por sus habitantes, así como por la adecuación de sus instalaciones para la mejor prestación se los servicios ya existentes (accesibilidad de los espacios, reordenación de los mismos, etc.)