La Diputación Foral aprueba un Decreto Normativo de Urgencia Fiscal con nuevas medidas para combatir el efecto de la inflación
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto normativo de urgencia fiscal con medidas dirigidas a combatir el efecto de la inflación. Las medidas adoptadas supondrán para la Diputación una menor recaudación para contribuir a paliar los efectos de la inflación en todas las personas contribuyentes del Territorio, con una mayor intensidad en el caso de las personas más vulnerables.
La primera de ellas supone deflactar la tarifa aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) un 4%. Con ello, se busca adecuar el pago de este impuesto a la situación económica actual, evitando que las subidas salariales a consecuencia de la inflación redunden en un aumento de la factura fiscal. Hay que tener en cuenta que esta deflactación se suma a la establecida para la tarifa con motivo de la adopción de medidas fiscales para el año 2022 que era del 1,5%.
Asimismo, y para que esta medida pueda verse reflejada este año, se ha modificado la tabla de retenciones de trabajo. Esta medida entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, por lo que tendrá un
efecto inmediato en los salarios que se abonen entre septiembre y final de año. Por su parte, en el caso
de las nóminas abonadas con anterioridad, las cantidades retenidas de más se ajustarán en la próxima campaña de la Renta.
También han aprobado una deducción anti-inflación de 200 euros, que podrán aplicar aquellas
personas contribuyentes con una base imponible general en el IRPF de hasta 30.000 euros. Entre los
30.000 euros y los 35.000 euros, la deducción de 200 euros sufre una reducción progresiva a medida que
aumenta la base de la declaración. Una medida que pone el foco en las personas contribuyentes más
vulnerables.
Asimismo, se han adoptado otra serie de medidas financieras destinadas a aliviar la situación de
personas autónomas y empresas y dotarlas de este modo de más liquidez. En el caso de las personas
autónomas, quedan exoneradas de la obligación de realizar los pagos fraccionados del tercer y cuarto
trimestre del presente ejercicio.
En cuanto a las empresas con un volumen de operaciones inferior a 50 millones de euros y no integradas en grupos empresariales, tampoco tendrán que realizar el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades.
Por último, se ha aprobado dejar exentas las ayudas públicas de 200 euros que se perciban con
motivo del Real Decreto Ley 11/2022.