EH BILDU denuncia que «una sentencia obliga al Ayuntamiento de Orozko a anular una multa de 1.500€ impuesta de manera ilegal»
NOTA DE PRENSA DE EH BILDU
Una sentencia ha obligado al Ayuntamiento de Orozko a anular una resolución que pretendía imponer a un vecino una multa de 1.500€ de manera ilegal. EH Bildu ha tachado la mala praxis del Ayuntamiento de irresponsable e irregular.
En julio de 2021 el Ayuntamiento de Orozko, tras una denuncia presentada por un ciudadano, inició un expediente sancionador por una supuesta infracción de la normativa de protección de animales por no tener, supuestamente, bien controlado a su perro. Tras varias ampliaciones del expediente, el Ayuntamiento presentó en marzo de 2022 la resolución del expediente, sancionando a un ciudadano con una multa de 1.500€. Esta propuesta fue aprobada con los votos a favor de Adie y el PNV y con la abstención de EH Bildu. La sentencia dictada en enero de este año obliga al Ayuntamiento de Orozko a anular dicha multa.
A pesar de que este tipo de infracciones prescriben al año, el Ayuntamiento ha sancionado en 2021 unos hechos ocurridos en 2017 y 2018, es decir, en octubre de 2019 finalizó el plazo para iniciar el procedimiento sancionador. Por otro lado, el plazo para notificar la resolución del expediente al ciudadano multado es de 6 meses, pero el Ayuntamiento de Orozko lo ha hecho casi un año después, una vez transcurrido el doble de plazo.
El Gobierno municipal ha desestimado sistemáticamente todas y cada una de las alegaciones que se han presentado contra este sinsentido, alegaciones que un juez ha tenido en cuenta para determinar que el Ayuntamiento ha intentado multar a un orozkoarra de manera ilegal. La sentencia emitida el 25 del pasado enero, anula el acuerdo del pleno municipal del 3 de marzo de 2022 del Ayuntamiento de Orozko aprobado por sólo con los votos a favor de Adie, que vulnera dos normas establecidas por varias leyes; la 6/1993 y la 39/2015 (LPAC).
El gasto de asesoramiento jurídico del Ayuntamiento asciende a 18.089,50€ a lo que hay que sumarle el coste de 6.000€ de los cuatro plenos extraordinarios que se han celebrado para prorrogar el expediente mas de cuatro años. En total, presuntamente, se han gastado 24.089,50€ de dinero publico para que el Gobierno municipal de Adie haya tomado decisiones tan inadecuadas. Aunque se ha preguntado sobre esta cuestión, en el pasado pleno de marzo el Gobierno municipal ha evitado dar explicaciones sobre esta cuestión. Con todo esto, se pone de manifiesto la mala praxis del Ayuntamiento, que ha actuado de manera irresponsable e irregular.