El Consejo de Gobierno aprueba el código ético y buen gobierno para la legislatura

El ordenamiento jurídico exige a los gestores públicos una dedicación plena al cargo y una actuación transparente, imparcial y objetiva en el ejercicio de las funciones de gobierno y de dirección de la administración para garantizar que otros intereses y actividades no interfieran o mediaticen el ejercicio de tales funciones.
Así, al principio de las dos anteriores legislaturas, en cumplimiento del compromiso asumido de implantar y desarrollar buenas prácticas en la gestión pública, se aprobaron los correspondientes Códigos de Ética y Buen Gobierno de los cargos públicos y representantes del sector público del Territorio Histórico de Álava.
En este sentido se hace necesario implementar unas normas con compromisos éticos y de conducta, así como con otros principios de actuación, destinados a prefigurar una serie de comportamientos. Ahora bien, aunque todos esos principios forman parte de la ética pública o de las normas propias de un Estado de Derecho, no es trivial recordar o sintetizar la esencia misma de los valores y la obligación de todo cargo público de promover y respetar los principios básicos que componen el código ético y de buen gobierno.
Además, la visión moderna de la gestión pública recomienda asumir el reto de integrar no sólo las conductas personales sino su proyección al ámbito de los procedimientos, estructuras y organización del sector público foral. Así, tras señalar la integridad y la transparencia como valores fundamentales del código deontológico, se vertebran distintos compromisos y estándares de conducta clasificados en
principios de calidad institucional para la obtención de los fines organizativos, principios en relación con la ciudadanía como destinataria de los servicios y políticas públicas y principios éticos y de conducta, que ha de informar el ejercicio de las funciones del cargo público foral, girando los mismos en torno a la eficacia, eficiencia, diligencia, honradez, austeridad, neutralidad e imparcialidad en la toma de decisiones.
Por último, procede indicar que no se trata de un código meramente declarativo o sin efectos reales, ya que, además de establecer un régimen de adhesión automática, en caso de acreditarse un incumplimiento se prevé la activación de un sistema interno de seguimiento que puede terminar con la
presentación de la dimisión en el puesto que ocupe, con la adopción de la facultad discrecional de cese
o con la formulación de recomendaciones.
Con ese objetivo se creó la Comisión de Ética Pública de los miembros del Gobierno y altos cargos del sector público foral del Territorio Histórico de Álava, como órgano competente para recibir las observaciones, consultas y sugerencias, así como el procedimiento para llevar a cabo propuestas de adaptación de las previsiones establecidas en el Código de Ética y Buen Gobierno e impulsar su puesta
en marcha efectiva.