La procesionaria del pino, una plaga que amenaza los montes de Ayala

La Diputación Foral de Álava ha declarado oficialmente la existencia de una plaga de procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) en su territorio, tras confirmar los resultados de la campaña anual de prospección llevada a cabo por los guardas forestales del Servicio de Montes de la Diputación y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La procesionaria, una conocida especie de lepidóptero que afecta a masas de coníferas, ha vuelto a mostrar su cara más agresiva, especialmente en la sección oeste del territorio. Zonas como Ayala, Amurrio, Artziniega, Llodio y Okondo figuran entre las más golpeadas por esta plaga, que ya se extiende por unas 1.900 hectáreas de superficie.

El objetivo de la declaración, según recoge el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, es doble: por un lado, frenar el deterioro del arbolado y favorecer un equilibrio sanitario en los bosques de coníferas, y por otro, minimizar los efectos alérgicos tanto en la población como en la cabaña ganadera, muy expuesta a los pelos urticantes de estas orugas.

La magnitud del problema ha obligado a las autoridades forales a optar por medios aéreos para su tratamiento. La opción terrestre ha sido descartada por completo, debido a la falta de infraestructuras adecuadas, la complicada orografía de los montes alaveses y la dificultad para lograr una cobertura eficaz en árboles de gran altura y densidad. Además, la extensión de las áreas afectadas hace inviable un tratamiento manual en un plazo razonable.

Aunque aún no se han concretado ni los plazos ni los medios exactos para la actuación, la decisión ya supone un paso firme frente a un enemigo recurrente. No es la primera vez que se toma una medida de este calibre: en 2023 ya se adoptó una intervención similar ante la presión de la plaga.

La procesionaria del pino representa no solo una amenaza para los ecosistemas forestales, sino también un riesgo sanitario y económico para quienes habitan y trabajan en entornos rurales. La respuesta institucional marca el inicio de una nueva fase en la gestión de esta especie invasora, cuyo impacto, de no contenerse, podría comprometer gravemente la salud de los bosques alaveses en los próximos años.