El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Amurrio manifiesta que «el equipo de gobierno también da la espalda al Ararteko»

COMUNICADO DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Desde hace tiempo venimos denunciando el mal gobierno y la mala gestión con los que este equipo de gobierno dirige el Ayuntamiento.

Una gestión marcada por la arbitrariedad, la discrecionalidad y las decisiones unilaterales, que ha dejado de lado el diálogo, la transparencia y el respeto a las normas básicas de funcionamiento institucional.

Hemos alertado de subidas salariales selectivas, valoraciones subjetivas, falta de criterios objetivos y cambios en la RPT realizados sin negociación ni justificación técnica real.

Una forma de gobernar que ignora al Comité como representación legal de los y las trabajadoras, rompe la confianza de la plantilla y deteriora gravemente las relaciones laborales.

En el caso que hoy nos ocupa, el Comité presentó primero un recurso de reposición, intentando que el propio Ayuntamiento revisara la sustitución irregular en el puesto de técnico de euskera que denunciamos (incumplieron el Reglamento de Uso de Bolsas de Trabajo del Ayuntamiento de Amurrio, haciendo uso de otra bolsa de otra administración, aun cuando desde los Servicios Jurídicos municipales se les notificó previamente, y por escrito, que no podían actuar de esa manera).

La respuesta fue el silencio y después justificaciones injustificables a las que este equipo de gobierno ya nos tiene acostumbrados.

Por eso, el Comité acudió al Ararteko, como instancia de defensa ante la falta de respuesta y de respeto institucional.

El Ararteko ha sido claro: ha emitido una recomendación expresa instando al Ayuntamiento a indemnizar a la persona afectada por esa sustitución irregular.

Pero lejos de asumir su responsabilidad, el equipo de gobierno ha decidido ignorar también al Ararteko.

Estamos ante un hecho extremadamente grave.

El Ayuntamiento se sitúa por encima de los derechos que le asiste al Comité, que representa legalmente a los y las trabajadoras; y por encima del mismísimo Ararteko, la máxima autoridad ética e institucional encargada de velar por los derechos de la ciudadanía frente a la Administración.

Es decir, un doble desprecio:

                •             Desprecio al Comité, que lleva meses (pronto se cumplirán 300 días desde que se solicitó la apertura de la Mesa de Negociación sin negociación alguna) reclamando diálogo, rigor y negociación real, y el Ayuntamiento tiene la obligación de negociar de buena fe convocando la Mesa de Negociación en un plazo máximo de un mes.

                •             Desprecio al Ararteko, cuya función es garantizar la corrección, la equidad y la justicia en las actuaciones administrativas.

Cuando un gobierno local actúa así, no hablamos solo de un conflicto laboral, sino de una deriva autoritaria y de un modelo de gestión que ha perdido toda legitimidad democrática.

Y este problema va mucho más allá del ámbito interno.

Cuando un Ayuntamiento ignora las advertencias del Ararteko y se coloca por encima de los mecanismos de control democrático, el daño alcanza a toda la ciudadanía:

                •             Porque se debilita la confianza en las instituciones públicas.

                •             Porque se transmite que las normas pueden incumplirse sin consecuencias.

                •             Y porque las decisiones tomadas desde la arbitrariedad y el favoritismo terminan afectando a los servicios públicos, a la igualdad de oportunidades y a la calidad de la gestión municipal.

Un Ayuntamiento que no respeta a sus trabajadores y trabajadoras ni a las instituciones que lo supervisan, tampoco respeta a su ciudadanía.

Y eso debería preocuparnos a todos y todas.

Por todo ello, exigimos al equipo de gobierno que rectifique de inmediato, que cumpla con la recomendación del Ararteko, y que abandone esta forma de gobernar basada en el autoritarismo, la opacidad y el desprecio institucional.

El respeto a la legalidad, a las instituciones y a las personas no es una cuestión interna:es la base del servicio público, de la ética democrática y de la confianza ciudadana.