Nueva intervención de la Guardia Civil en el convento de las clarisas de Orduña

La Guardia Civil ha regresado este martes al convento de las clarisas de Orduña junto a una comisión judicial para ejecutar las medidas cautelares ordenadas por el Juzgado de Briviesca. El objetivo es evaluar la situación de cinco monjas ancianas que no secundaron el cisma liderado por la exabadesa Laura García de Viedma y que conviven con la comunidad disidente desde su traslado en julio.

Una comisión judicial ha acudido este jueves al convento de Orduña y se ha llevado a las cinco monjas mayores, las que no se sumaron a sus compañeras en su ruptura con la Iglesia. La medida ha sido ordenada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao y las religiosas han sido trasladadas para someterse a un reconocimiento médico, tras el que cabe esperar que las lleven a otros conventos de la orden clarisa. Era la tercera ocasión en la que se intentaba aplicar esta medida cautelar solicitada en su momento por la Fiscalía.

Según las monjas, al monasterio han accedido numerosos agentes de la Guardia Civil, que están comprobando el estado de salud de las religiosas. Desde la comunidad denuncian que el traslado se estaría realizando contra la voluntad de las afectadas.

El representante legal de las clarisas, Francisco Canals, ha reiterado que las cinco monjas desean permanecer en el convento y que están bien atendidas, mientras el conflicto judicial en torno a la comunidad continúa abierto.