A iniciativa de EH Bildu, las JJGG piden a Diputación garantizar un Servicio de Ayuda a Domicilio adecuado en toda la zona rural

NOTA DE PRENSA EH BILDU

Las Juntas Generales de Araba han pedido hoy a la Diputación Foral de Araba que garantice la prestación del servicio de ayuda a domicilio (SAD) en la zona rural, ya que el servicio que se oferta «no responde a las necesidades de las personas usuarias sino a las posibilidades de las empresas subcontratadas que alegan falta de personal disponible»

Alcaldes y alcaldesas de EH Bildu ya denunciaron esta situación en junio del 2025. Según denunciaron, «desde el Instituto Foral de Bienestar Social se ha indicado que ante la dificultad para encontrar personas que puedan y quieran trabajar en este servicio, atiendan las demandas no en función de las necesidades de las personas usuarias sino de las posibilidades que indiquen las empresas subcontratadas. Así se sugiere a los servicios sociales de base que se deben limitar los tiempos de atención los fines de semana
o que se tardará entre dos o tres meses en poner en marcha un nuevo expediente». Este tiempo se ha
incrementado a entre tres y cuatro meses, según ha indicado la procuradora de EH Bildu, Claudia Venceslao.

Venceslao ha denunciado que las personas que habitan fuera de Gasteiz, «están recibiendo un servicio insuficiente que no viene determinado por sus necesidades y por los baremos establecidos en la normativa, sino por la disponibilidad o no de personal por parte de empresas privadas. Todo ello con
el visto bueno de la Diputación Foral de Araba que mira para otro lado, no exige el cumplimiento del
contrato y tampoco pone los medios suficientes para acabar con esos retrasos en la resolución de los
expedientes».

«Que la Diputación diga a los Servicios Sociales de Base de la zona rural que hay que supeditar las necesidades de una persona con dependencia a lo que una empresa privada pueda ofertar, es no cumplir
con los objetivos del SAD: es no garantizar mantener o mejorar la autonomía, posibilitar la permanencia
en el domicilio, o fortalecer el sentimiento de seguridad. Es incumplir el derecho de las personas usuarias
a recibir un servicio ajustado en contenido e intensidad a los establecido por las trabajadoras sociales»,
ha concluido Claudia Venceslao.