La Justicia confirma la competencia del Ayuntamiento de Amurrio en la ordenación del territorio y tumba el recurso del lobby forestal

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el recurso presentado por la Asociación de Forestalistas de Álava, Basogintza Elkartea, contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Amurrio, confirmando la competencia de los ayuntamientos en materia de ordenación del territorio y avalando el modelo territorial aprobado por el consistorio amurriarra.

La sentencia ha sido valorada de forma muy positiva por la asociación ecologista Uhandre Amurrioko Baso Biziak, que considera que el fallo judicial frena el intento del lobby forestal de desregular el uso del suelo rural y de situar el uso forestal productivo por encima de la planificación urbanística y del interés general.

El tribunal reafirma que corresponde a las entidades locales la clasificación del suelo, la zonificación, la priorización de usos y la protección del paisaje y de las actividades agrarias, incluso en el suelo no urbanizable. En este sentido, la resolución desmonta el planteamiento de la asociación forestalista, que pretendía hacer casi intangible el uso forestal productivo, al margen de las decisiones municipales.

Según Uhandre, la sentencia deja claro que producir no otorga carta blanca para ocupar cualquier tipo de suelo y que el uso forestal debe integrarse en un modelo territorial equilibrado. La asociación subraya que el conflicto surgido en Amurrio no es un caso aislado y cita ejemplos similares en otros municipios, como Zeberio, donde Basogintza Elkartea también intentó cuestionar el planeamiento municipal para implantar usos forestales productivos fuera de los límites territoriales y paisajísticos, sin éxito en los tribunales.

“No se trata de un problema puntual, sino de un modelo que se repite una y otra vez y que vuelve a encontrar una frontera clara en la Justicia”, señalan desde el colectivo ecologista. En su opinión, la sentencia supone una advertencia clara al sector forestal: el uso forestal productivo no es un derecho absoluto y puede ser modulado, condicionado o incentivado por el planeamiento urbanístico cuando existan razones para proteger el paisaje, la biodiversidad, el suelo, prevenir riesgos o garantizar la compatibilidad con otros usos del territorio. “Poner límites no es prohibir, es ordenar”, remarcan.

Uhandre vincula los conflictos actuales al modelo forestal intensivo desarrollado durante décadas a través de una estrecha relación entre el sector forestal productivo y las administraciones públicas. Como ejemplo, cita la consolidación del monocultivo de pino radiata, favorecido no solo por criterios productivos, sino también por la presión constante del sector y la falta de límites claros en la planificación territorial.

Finalmente, la asociación ecologista reclama al Ayuntamiento de Amurrio que aplique de forma estricta el PGOU para que la sentencia del TSJPV no quede en una mera declaración de intenciones. Asimismo, considera legítimo y necesario abrir un debate público sobre la pertenencia municipal a la Asociación Forestal Alavesa y hace un llamamiento a todos los ayuntamientos de la comarca para que ejerzan sin miedo sus competencias en materia de planificación del suelo, recordando que la inacción también tiene consecuencias políticas y territoriales.