Tubos Reunidos negocia con la Sepi una flexibilización del rescate ante la presión de la deuda

El apoyo del Estado a Tubos Reunidos a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) fue determinante en 2021, cuando el Ejecutivo inyectó 112,8 millones de euros que permitieron asegurar la continuidad de la compañía. Ahora vuelve a ser un elemento clave, ya que en 2028 vence el plazo para devolver esa ayuda y, sumando principal e intereses, la cantidad ronda ya los 130 millones de euros.

Este importe representa la parte más significativa de una deuda total superior a 260 millones que asfixia al fabricante vasco de tubos. Por ello, según han confirmado a EL CORREO fuentes cercanas a las conversaciones, la dirección de la empresa mantiene contactos estos días con la Sepi para intentar flexibilizar las condiciones del préstamo. En esas reuniones ha trasladado al organismo público su plan de viabilidad, que se apoya en tres ejes: un ajuste de costes que implicará la salida de 301 empleados, la reordenación del pasivo financiero y una redefinición de su modelo de negocio.

El margen de maniobra es muy reducido. La compañía necesita avances en cuestión de semanas, antes de presentar a finales de mes sus cuentas auditadas, lo que podría situarla en un escenario preconcursal si no se alcanza una solución. El tiempo apremia tanto en el frente laboral como en el financiero, ya que ambos están interrelacionados: sin una transformación estructural que rebaje costes y plantilla será difícil lograr una refinanciación, y sin esta tampoco podrá ejecutarse el ajuste empresarial. El problema es doble: falta tiempo y falta liquidez.

Hasta el momento, Tubos Reunidos no ha abonado ni el principal ni los intereses del préstamo concedido por la Sepi. Según las condiciones del rescate, los intereses se capitalizan cada año, es decir, se suman al importe pendiente, lo que incrementa progresivamente la deuda. Además, el tipo aplicado es creciente: parte del 2,5% y escala hasta el 7%, al que se añade el índice IBOR —equivalente al euríbor—. En la práctica, el coste financiero se aproxima ya al 10%.

Tras el aplazamiento acordado el pasado ejercicio, la empresa deberá afrontar el próximo mes de junio un pago de 27 millones de euros, de los cuales 12 millones corresponden a amortizaciones y 15,5 millones a ingresos procedentes de la venta de activos. Esta cifra se suma a los gastos financieros ordinarios, que rondan los 30 millones anuales. Sin embargo, con la actividad debilitada y tras el cierre del negocio en Estados Unidos, la compañía carece de recursos suficientes en caja para hacer frente a estos compromisos.

Las opciones son limitadas. La normativa vigente impide aplicar una quita sobre el importe del rescate, tal como ha reiterado la Sepi. Tampoco resulta sencillo ampliar los plazos de devolución más allá de los siete años previstos, ya que cualquier modificación de ese tipo requeriría la autorización de la Comisión Europea para evitar que se considere una ayuda de Estado. En el corto plazo, la única vía factible parece ser algún tipo de alivio en los intereses.