Gobierno Vasco y Central siguen negociando fórmulas para aliviar la deuda de Tubos Reunidos con la SEPI

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha reiterado que el Ejecutivo autonómico mantiene contactos con el Gobierno de España para articular una solución que permita aliviar la deuda que arrastra Tubos Reunidos con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), condición que considera imprescindible para asegurar la continuidad de la empresa.

En declaraciones a Euskadi Irratia, recogidas por Europa Press, Jauregi ha defendido que la reducción de la deuda no es opcional, sino necesaria. Ha recordado que aproximadamente la mitad del pasivo corresponde a la SEPI y ha advertido de que la compañía soporta una carga financiera desproporcionada, ya que su valor actual es cinco veces inferior al volumen de deuda.

A su juicio, mantener esta situación dificulta cualquier operación futura, puesto que ningún comprador estaría dispuesto a asumir una empresa con semejante “hipoteca”. Por ello, ha insistido en que el Ejecutivo central debe implicarse activamente en la búsqueda de una fórmula que permita rebajar esa carga.

No basta con refinanciar

El consejero ha descartado que una simple reestructuración o refinanciación sea suficiente, al considerar que solo aplazaría el problema sin resolverlo de fondo. En su opinión, la clave pasa por una reducción real del endeudamiento, aunque ha reconocido la complejidad del proceso.

Además, ha subrayado que Tubos Reunidos necesita un plan industrial sólido y la incorporación de un nuevo inversor que aporte capital. Sin un saneamiento previo de la deuda, ha advertido, difícilmente se atraerá inversión privada.

Disposición a participar con condiciones

Jauregi ha afirmado que el Gobierno Vasco estaría dispuesto a formar parte de un proyecto de futuro para la compañía, siempre que se cumplan determinadas premisas. Entre ellas, que exista una estrategia industrial viable que genere empleo de calidad y refuerce el tejido empresarial.

Asimismo, ha señalado que la participación pública estaría supeditada a que un socio industrial asuma el liderazgo del proyecto y realice una aportación económica significativa. Solo con la implicación de un inversor privado, ha concluido, el Ejecutivo vasco contemplaría su entrada en la empresa.