Los trabajadores de Tubos Reunidos se manifiestan en Bilbao y piden abrir una vía de interlocución directa con la SEPI

La movilización ha estado marcada por un mensaje claro: sin compromisos firmes por parte de la empresa y de las instituciones, el conflicto irá en aumento. Trabajadores y representantes sindicales han denunciado la falta de avances concretos en las negociaciones y han advertido del riesgo de deterioro irreversible de la actividad.El conflicto se produce en un momento decisivo. La posible implicación de la SEPI -que ya ha mostrado disposición a estudiar apoyo público- sigue condicionada a la presentación de un plan de viabilidad sólido por parte de la empresa. Esta incertidumbre mantiene en vilo a cientos de familias que dependen directamente de la actividad de Tubos Reunidos.

Representantes de ESK y LAB han anunciado que este jueves solicitarán formalmente al Departamento de Industria del Gobierno Vasco su apoyo para abrir una vía de interlocución directa con la SEPI, principal acreedor de la compañía.

Los objetivos: Información real y freno a los recortes

Tras una nueva jornada de movilizaciones en Bilbao, los portavoces Gorka Abascal (ESK) y Oier Bidaurratzaga (LAB) han fijado sus prioridades de cara a la reunión con el Ejecutivo autonómico y la Diputación de Álava:

• Conocer el estado de la deuda: Los sindicatos exigen saber en qué punto exacto están las negociaciones para la quita o refinanciación del pasivo con la SEPI.
• Retirada del ERE: Mantienen el rechazo frontal a las 242 «salidas voluntarias» planteadas para las plantas de Laudio y Trapagaran.
• Defensa industrial: Exigen que se detenga el desmantelamiento de la acería y la externalización de servicios que consideran estratégicos.

«No se nos da ninguna información que aclare la situación ni nos facilitan contactos. Necesitamos saber qué está pasando realmente con la refinanciación», denunció Abascal.

Críticas a la gestión y la «auditoría filtrada»

El malestar sindical ha aumentado tras conocerse, a través de los medios de comunicación, una auditoría que arroja «dudas significativas» sobre la viabilidad operativa del grupo. Bidaurratzaga ha criticado que la plantilla deba enterarse por la prensa de cuestiones tan vitales, señalando además que el problema no es la huelga indefinida, sino una gestión que ha perdido el control de la deuda.

Asimismo, han cuestionado la estrategia financiera de los últimos años, sugiriendo que se ha priorizado el pago o quita a entidades bancarias privadas antes que resolver la situación con el organismo público (SEPI).

Escepticismo ante la reducción de sueldos de la directiva

Sobre el reciente anuncio de la compañía respecto a la bajada del 14,8% en las retribuciones de sus once consejeros (de 824.000€ en 2024 a 702.000€ el pasado ejercicio), los sindicatos se muestran incrédulos:

1. Duda sobre los datos: Sospechan que la reducción pueda ser un ajuste tras ampliaciones previas para simular un «esfuerzo» actual.
2. Agravio comparativo: Recuerdan que los trabajadores acumulan ya 10 ERTEs, congelaciones salariales y recortes, mientras en periodos críticos se seguían repartiendo dividendos y bonificaciones.