Inspección de Trabajo ve justificadas las causas del ERE en Tubos Reunidos
La Inspección de Trabajo considera justificadas las causas económicas esgrimidas por la dirección de Tubos Reunidos para aplicar un Expediente de Regulación de Empleo, que va a suponer la salida de 240 trabajadores de sus plantas de Amurrio y Trapagaran.
Los sindicatos, tras reunirse ayer de nuevo con el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, han anunciado su intención de impugnar por vía judicial el expediente, ya que consideran que los motivos económicos que están detrás del mismo no están justificados.
El informe del organismo recalca que el ERE propuesto por la dirección empresarial es “jurídicamente viable sin perjuicio de que haya discrepancias sindicales e incertidumbres sobre las previsiones futuras”.
Además, la Inspección considera que el procedimiento seguido por la empresa para aplicar el ERE “cumple sustancialmente” los requisitos legales y que “concurren causas económicas, productivas y organizativas para su aplicación”.
El organismo estima que es “razonable y proporcional” el ajuste de empleo, que afectará a 177 trabajadores de Amurrio y 77 de Trapagaran. Aunque en un principio la cifra de salidas era de 301, se rebajó con posterioridad a 285, y después a 240 después de que la Inspección de Trabajo obligase a hacer fijos a alrededor de 40 trabajadores con contratos temporales debido a una apreciación de fraude de ley.
El documento apunta a que se ha dado un “empeoramiento sustancial” de la rentabilidad y se señala que, al cierre de 2025, el capital social era de 21.000 euros, y el patrimonio neto de 8.608 euros.
Según la Inspección, el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (10.500 euros), por lo que existe “causa legal de disolución” conforme al decreto ley de 2010 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Al respecto, fuentes de la empresa han señalado a Europa Press que la situación “coyuntural” de desequilibrio patrimonial en la filial TRG ya ha sido “corregida”, por lo que estiman que no existe causa legal de disolución.
















