Representantes de la mayoría sindical del comité de empresa de Tubos Reunidos comparecieron este martes ante la Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento Vasco. El objetivo de la convocatoria era ofrecer una valoración directa sobre el proceso de despido colectivo que afronta la compañía y exponer la necesidad de abrir un debate real sobre su futuro industrial. Durante su intervención, los portavoces denunciaron que la actuación de las instituciones públicas ha sido hasta ahora «insuficiente» a la hora de exigir transparencia a la dirección, supervisar el dinero público inyectado y promover salidas acordes a la gravedad del momento.

Los sindicatos insistieron en que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), presentado en su día por la dirección como una medida «imprescindible», «no ha solucionado nada». Según el comité, la reciente suspensión del ERE y la solicitud del concurso de acreedores demuestran que las medidas planteadas por la empresa estaban «mal orientadas desde el origen».

El origen de la crisis: deuda y falta de negociación

En sus exposiciones, los portavoces del comité reiteraron que el problema de fondo de Tubos Reunidos es de carácter financiero y está agravado por decisiones de gestión. Negaron de forma tajante que la crisis derive de las condiciones de la plantilla o de las movilizaciones:

«El origen de la crisis está en la abultada deuda generada en 2008 con un crédito de 170 millones de euros que se repartió entre los accionistas y pasó a engrosar el pasivo de la compañía».

Asimismo, el comité censuró la «evidente falta de transparencia» de la dirección, a la que acusaron de actuar mediante la imposición y de difundir un mensaje «interesadamente» confrontativo para dividir a los trabajadores. Según explicaron, la dirección no se reúne con ellos desde el pasado 13 de marzo.

A pesar de que el concurso de acreedores refleja la gravedad de la situación, los sindicatos lo ven como un «punto de inflexión» que abre una nueva fase donde, por primera vez, podría haber una interlocución real con información completa. Como muestra de buena voluntad y con la «mano tendida», la plantilla ha suspendido la huelga indefinida para facilitar al administrador concursal una solución que evite despidos, el cierre de la acería o la externalización de la logística.

Cuestionamiento del uso del dinero público (SEPI)

Uno de los puntos más críticos de la comparecencia fue la fiscalización de los fondos públicos recibidos a través de la SEPI. Los representantes sindicales sostuvieron que no ha existido un control efectivo sobre el destino de ese dinero.

• Tratamiento de la deuda: El comité denunció que «se ha pagado mucha deuda, pero privada [a accionistas como el BBVA]», bajo el argumento de que la deuda pública es «impagable».
• Falta de interlocución: Lamentaron que, pese a las reuniones con distintas consejerías para refinanciar la deuda con la SEPI, «todo el mundo habla de Tubos Reunidos, pero nadie habla con Tubos Reunidos».
• Interrogantes sobre la SEPI: Los portavoces cuestionaron si el organismo estatal realmente estaba al tanto de que se priorizaba el abono de la deuda privada y por qué se asumió dicha gestión.