La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este jueves un amplio dispositivo policial que incluye el registro de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Bilbao, así como de su fábrica en Amurrio (Álava). De forma paralela, los agentes se han personado en la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Madrid para requerir documentación clave.

Estas diligencias han sido ordenadas por el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el marco de una pieza que permanece bajo estricto secreto de sumario.

El origen: Una reunión en Ferraz y la «libreta azul»

La investigación penal apunta a una presunta trama diseñada para desbaratar actuaciones judiciales o policiales que pudieran afectar al PSOE y al Gobierno de España. Según los indicios judiciales, esta red estaría liderada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

A pesar de que el juez Pedraz levantó parcialmente el secreto del sumario hace unos días, mantuvo bajo reserva la pieza separada que ha dado origen a los registros de hoy. Entre las pruebas principales que maneja la causa se encuentran:

• La cita en Ferraz: El sumario refleja una reunión clave mantenida el 13 de noviembre de 2024 entre Santos Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos en el despacho que el entonces secretario de Organización tenía en la sede central del PSOE en Madrid.
• La agenda incautada: Los agentes hallaron una anotación explícita que decía «Reunión Tubos Reunidos» en una libreta azul de notas intervenida a Leire Díez.

Un rescate bajo sospecha y comisiones de 115.000 euros

Tubos Reunidos ya estuvo en el punto de mira de la justicia en diciembre de 2025, tras la detención de la propia Leire Díez, del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y del empresario Antxon Alonso (administrador de Servinabar y persona cercana a Cerdán).

El chat ‘Hirurok’ Los tres investigados formaban presuntamente un grupo de WhatsApp autodenominado ‘Hirurok’ (‘Los tres’, en euskera), a través del cual habrían coordinado esfuerzos para amañar hasta cinco licitaciones de la SEPI en favor de sus intereses.

Una de las operaciones más bajo sospecha —coordinada inicialmente por el magistrado Antonio Piña— es la concesión de un rescate público de 112,8 millones de euros otorgado por la SEPI a Tubos Reunidos. La investigación sostiene que el grupo de Díez, Fernández y Alonso intermedió de forma ilícita para que la ayuda fuera aprobada. A cambio de esta gestión, habrían percibido un total de 114.950 euros mediante facturas presuntamente falsas emitidas a través de la mercantil Mediaciones Martínez.

Las diligencias practicadas este jueves buscan recabar pruebas definitivas para esclarecer el alcance real de las comisiones y el grado de implicación de la cúpula de la empresa metalúrgica en la trama.