LAB exige la retirada del ERTE y reclama explicaciones a la dirección de Tubacex

NOTA DE LAB

Se ha celebrado la primera reunión del periodo de consultas del ERTE planteado por Tubacex para sus plantas de Laudio y Amurrio. En dicha reunión, la dirección ha hecho entrega de la documentación con la que pretende justificar la medida y ha planteado un ERTE basado en causas productivas y organizativas.

Ante esta situación, LAB ha trasladado una posición clara desde el primer momento: ha solicitado la retirada del ERTE.

Resulta difícil entender que una empresa que reconoce disponer de una cartera de pedidos superior a los 1.200 millones de euros, y que sigue hablando de perspectivas positivas para los próximos meses, plantee un ERTE. La propia compañía ha señalado recientemente que mantiene una sólida cartera de pedidos y un importante volumen de oportunidades de negocio para los próximos trimestres.

LAB no entiende que una empresa que ha repartido alrededor de 25 millones de euros en dividendos en 2025, y que ha aprobado el pasado 28 de mayo otro de 6,3 millones, pretenda recurrir ahora a un mecanismo financiado con recursos públicos. Porque ese es el verdadero debate. Cuando llegan los beneficios, los dividendos y las primas, los beneficios se privatizan; pero cuando “aparecen” dificultades, se pretende socializar los costes utilizando el desempleo de las y los trabajadores y los recursos públicos.

Los ERTE no pueden convertirse en una herramienta habitual para proteger márgenes empresariales o para trasladar a la sociedad los costes de la gestión empresarial. Mucho menos cuando se utilizan acontecimientos tan cambiantes como la situación en Oriente Medio, la guerra de Rusia y la supuesta desaceleración en China para justificar medidas que afectan a cientos de trabajadores y trabajadoras, solamente al colectivo de personas trabajadoras afectados por el convenio, mientras toda la línea de mando y la dirección no se van a ver afectadas por la medida.

Del mismo modo, LAB considera que las instituciones públicas no pueden permanecer al margen. Quienes gestionan recursos públicos tienen la responsabilidad de garantizar que los ERTE respondan a necesidades reales y no se conviertan en mecanismos para financiar con dinero de toda la sociedad situaciones coyunturales, mientras se siguen repartiendo dividendos y manteniendo políticas retributivas favorables para los accionistas. Las administraciones no pueden actuar únicamente como pagadoras de prestaciones; también deben exigir responsabilidades y velar por el interés general.

Por ello, LAB afrontará este proceso con la máxima exigencia y analizará con rigor toda la documentación entregada por la empresa. La dirección deberá demostrar que las causas alegadas justifican realmente una medida de estas características.