La jueza activa a contrarreloj la venta de Tubos Reunidos para evitar su liquidación en plena tormenta judicial

La jueza de lo Mercantil de Vitoria ha tomado una decisión drástica para salvar el futuro de Tubos Reunidos. La magistrada ha abierto formalmente el proceso para la entrada de nuevos inversores con un objetivo claro: vender el grupo de forma unitaria y evitar su liquidación por lotes.

Este movimiento clave coincide con un momento crítico para la compañía, tras levantarse el secreto de sumario que investiga el rescate de 112 millones de euros concedido en su día por la SEPI.

Las claves del proceso de venta

El administrador concursal, PKF Attest, ha diseñado las normas de un proceso que ya se ha puesto en marcha tras declarar la jueza el concurso voluntario de acreedores de la matriz cotizada, lo que ya ha sido notificado a la CNMV.

• Prioridad absoluta: Se primarán las ofertas que adquieran la totalidad del grupo o su unidad productiva de forma conjunta.
• El plan B: Si no se reciben ofertas por el todo, se procederá a la fragmentación de la empresa y su venta por lotes.
• Calendario: Los inversores interesados tienen un calendario estricto por delante que culminará en agosto con la presentación de las ofertas vinculantes.

📋 Fases para los inversores interesados

1. Manifestación de interés: Envío de correo electrónico inicial.
2. Confidencialidad: Firma de una carta de confidencialidad en un plazo de 5 días hábiles.
3. Due Diligence: Un periodo de 30 días hábiles para auditar las cuentas, visitar las plantas de producción y reunirse con la dirección y los sindicatos.
4. Oferta final: Presentación de propuestas vinculantes en agosto.

El lastre de una deuda millonaria y el factor SEPI

A pesar del interés que las instituciones vascas aseguran que ya han mostrado algunos compradores, cualquier operación viable está sujeta a una condición indispensable: la reestructuración de una deuda que asciende a 263 millones de euros.

El principal escollo radica en que 150 millones de esa deuda (más de la mitad) están en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que obligará a negociar una quita compleja con el organismo público.