ELA solicita al Tribunal que responsabilice a la gerencia por la quiebra de los acreedores

ELA ha solicitado a la Administración Concursal que declare en quiebra a Tubos Reunidos y aclare las responsabilidades de la gerencia y el Consejo de Administración de la empresa. Para ello, ha presentado diversas alegaciones en las que defiende que la situación económica que ha llevado a la empresa a la quiebra es consecuencia directa de su mala gestión y de decisiones financieras que han perjudicado su viabilidad.

ELA sitúa el origen de la actual situación de insolvencia de Tubos Reunidos en 2008. Ese año, la empresa contrajo una deuda de 170 millones de euros para pagar a sus accionistas. Estos recursos no se destinaron a la modernización industrial ni al crecimiento del negocio, por lo que la deuda generada se ha convertido en un obstáculo estructural para la empresa durante muchos años.

Esta carga financiera explica por qué Tubos Reunidos se encontraba técnicamente en liquidación antes de declararse en quiebra el 4 de mayo. Además, la empresa no pudo pagar su deuda con vencimiento en 2025, lo que la obligó a renegociar las condiciones de pago y aplazar los pagos a 2026 y 2027.

Las condiciones del préstamo otorgado por SEPI y otros asuntos relacionados con la financiación de la empresa están siendo objeto de una investigación judicial penal, lo que suscita serias dudas sobre su gestión en los últimos años.

ELA ha recalcado que los trabajadores no pueden ser considerados responsables de las consecuencias de esta situación, que es el resultado de años de gestión desastrosa. La responsabilidad de la quiebra recae exclusivamente en las decisiones tomadas por la dirección de la empresa, el Consejo de Administración y los accionistas, quienes priorizaron los intereses de estos últimos en detrimento de la viabilidad futura de la compañía.

Por este motivo, ELA ha solicitado que tanto la quiebra como los principales administradores de la empresa sean declarados culpables. De aceptarse esta solicitud, las consecuencias podrían ser significativas. La legislación prevé, entre otras cosas, la obligación de pagar la deuda concursal, la incautación de bienes o la inhabilitación para administrar o representar a la empresa.