ESK considera que «ni el ERE iba a salvar a Tubos Reunidos»
NOTA ESK
La cifra de negocio cayó un 51,7%, hasta 99,4 millones de euros. El EBITDA fue negativo en 30,4 millones; el resultado de explotación, en 77,5 millones; y las pérdidas atribuibles alcanzaron 88,2 millones, frente a 28,5 millones en 2025. Las cuentas incluyen un deterioro contable del inmovilizado de 39,1 millones y un resultado financiero negativo de 10,7 millones. Presentar toda esa pérdida como consecuencia de la huelga no es análisis económico: es propaganda empresarial.
Tubos Reunidos cerró 2025 con 118,1 millones de pérdidas atribuibles y 263,2 millones de deuda financiera neta. A 30 de junio de 2026 esa deuda alcanzaba 298,8 millones. La empresa reconoce impagos de vencimientos y la reclasificación de toda la deuda como pasivo corriente. La deuda y el riesgo de insuficiencia de liquidez existían antes de la huelga. No los creó la plantilla.
También queda desacreditado que el ERE fuera imprescindible. La Dirección calculaba un ahorro anual de apenas 9,1 millones. No renegociaba la deuda, no aportaba financiación, no conseguía mercados ni incorporaba un socio industrial. Pretendía imponer 301 despidos, cerrar la acería de Amurrio y externalizar la logística. El Plan de Viabilidad incluía renegociar la deuda, obtener nueva financiación y buscar alianzas estratégicas. La empresa admite ante la CNMV que no alcanzó los resultados esperados y que la previsión de insuficiencia de liquidez condujo al concurso. El concurso no llegó por retirar el ERE, sino por el fracaso de la estrategia empresarial.
La Administración Concursal comunicó el 3 de junio su decisión de no ejecutar el ERE y la ratificó ante el TSJPV, provocando el archivo del procedimiento. Para ESK, aquel expediente no era imprescindible para la continuidad de la empresa ni solucionaba sus problemas estructurales. La huelga fue la respuesta a una agresión brutal contra el empleo y la capacidad industrial. Sin aquella ofensiva no habría habido huelga ni los efectos productivos que ahora la Dirección usa como coartada. Quien provoca el conflicto no puede después criminalizar a quienes se defienden.
Y ahora, la Dirección intenta utilizar el concurso para recortar derechos por la puerta de atrás. Ha bloqueado unilateralmente los días de libre disposición alegando que son una deuda anterior al concurso. ESK rechaza esa interpretación: no son dinero pendiente, sino una compensación en tiempo frente a medidas organizativas impuestas por la empresa que dañan la conciliación familiar, personal y social. Convertir en «deuda concursal» el tiempo debido a la plantilla es apropiarse de sus derechos. También intentó modificar calendarios, horarios y turnos sin seguir el procedimiento legal, amparándose en una supuesta urgencia. La parte social se negó a legitimar una modificación sustancial por la puerta falsa. Más de dos semanas después, la empresa ni siquiera ha iniciado el periodo de consultas. La urgencia era una excusa: buscaban saltarse la ley y obtener un cheque en blanco sindical.
A ello se sumala externalización forzosa de la vigilancia de la salud, la asistencia por accidentes laborales y la medicina preventiva, con pérdida del auto-seguro. No sé ha intentado siquiera buscar sustitutos para los sanitarios que han dejado la empresa y se está aprovechando para externalizar totalmente la gestión de la salud de la plantilla.
ESK también denunciamos el expediente disciplinariosrealizado a un delegado de ESK por publicar opiniones sindicales en las Redes Sociales, y el uso del Canal Ético como presión contra varios trabajadores y representantes sindicales activos en la huelga. Ese canal no puede convertirse en herramienta de intimidación, represalia o silenciamiento sindical.
La plantilla no ha arruinado Tubos Reunidos. Ha sostenido la actividad y defendido el empleo y la capacidad industrial de Aiaraldea. Quienes han gestionado, endeudado y llevado la empresa al concurso deben asumir responsabilidades.
ESK exige un proyecto industrial que garantice el empleo, todas las plantas, la acería, la logística, las inversiones, los convenios, la salud laboral y los derechos conquistados. Ni la Dirección, ni el concurso, ni un futuro inversor tendrán un cheque en blanco para imponer los recortes que la movilización consiguió frenar.















